El objetivo principal de la Orden TMD/369/2024 es regular la Junta y Mesa de Contratación en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, adaptando su composición para mejorar la eficacia en contratación.

La Orden TMD/369/2024 tiene como objetivo principal regular la Junta de Contratación y la Mesa de Contratación en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Esta disposición busca una organización más eficiente para gestionar las contrataciones públicas dentro del departamento, promoviendo una estructura que se alinea con el Real Decreto 273/2024 y responde a la necesidad de incorporar representaciones adicionales que reflejan las nuevas direcciones y prioridades del gobierno en materia de memoria democrática.

La norma introduce cambios significativos en la composición de la Junta y Mesa en relación con la normativa anterior, alineándose con estándares internacionales en contratación pública y mejorando su operatividad.

Comparado con la normativa anterior, esta orden realiza una revisión importante en la composición de la Junta y la Mesa, introduciendo criterios de mejor colaboración y transparencia. También establece procedimientos más claros que se alinean con las directivas europeas en contratación pública, ofreciendo un marco comparable con normativas en otros países y fortaleciendo su coherencia con estándares internacionales.

Los puntos clave de la disposición incluyen la composición detallada de las Mesas y obligaciones en contratación, como la representación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, y la regulación de suplencias.

Los puntos más relevantes de la norma incluyen:

Los beneficiarios incluyen al personal del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, mientras que el impacto económico y social esperado se centra en mejorar la eficacia administrativa en el ámbito de contratación pública.

Los principales beneficiarios son los funcionarios del Ministerio y la sociedad en general, que se verán impactados positivamente a través de una mejor administración y ejecución de políticas públicas. El impacto económico y social abarca expectativas de una mayor eficacia y eficientes en procesos de contratación, promoviendo una administración pública más responsable y centrada en el interés general.

El incumplimiento de la normativa podría resultar en una efectividad disminuida en los procesos de contratación. La aplicación de la norma deberá ser rigorosa, atendiendo a los principios establecidos de transparencia y seguridad jurídica.

El incumplimiento de esta disposición puede resultar en perjuicios administrativos y dificultades en la ejecución de contratos. La norma debe aplicarse en la práctica con atención a su estructura y procedimientos, garantizando así los principios de transparencia y seguridad jurídica, que son fundamentales para el buen funcionamiento del ministerio.

Se anticipa que futuros desarrollos incluirán ajustes en el procedimiento de contratación y la posible incorporación de nuevas vocalías conforme evolucionen las necesidades del departamento en sus competencias.

A medida que la administración pública evolucione, se prevé que puedan surgir nuevas necesidades normativas y ajustes en el proceso de contratación. Es posible que se consideren modificaciones futuras en respuesta a cambios socio-políticos y el desarrollo de nuevas estrategias gubernamentales en el ámbito de la memoria democrática.