El objetivo principal de la Resolución MEPC.369(80) es actualizar el Libro registro del agua de lastre, promoviendo la gestión adecuada de dicho recurso y garantizando la protección del medio ambiente marino.

La Resolución MEPC.369(80) tiene como objetivo principal la mejora y actualización del Libro registro del agua de lastre del Convenio BWM. Esta disposición busca asegurar una gestión más eficiente del agua de lastre cargado en los buques, promoviendo la protección del medio ambiente marino y la salud pública, garantizando que se sigan prácticas de gestión que reduzcan riesgos de contaminación.

Esta disposición sustituye la normativa anterior del Libro registro del agua de lastre introduciendo un modelo más exhaustivo con nuevos criterios de registro, alineándose con los estándares internacionales para asegurar prácticas más sostenibles.

En comparación con normativas anteriores, esta disposición introduce un nuevo modelo de registro que es más detallado y estructurado. A diferencia de los requerimientos previos, el nuevo modelo incluye parámetros específicos para cada operación relacionada con el agua de lastre, alineándose también con estándares internacionales, como los estipulados por la Organización Marítima Internacional.

Los puntos clave incluyen la obligación de registrar operaciones de lastre y deslastre, métodos de tratamiento del agua, y anotaciones sobre inoperancias del sistema. Además, establece directrices claras para el Libro registro, garantizando su uso operativo.

Los puntos clave del documento incluyen varias obligaciones que se deben cumplir:

Los beneficiarios principales son las empresas navieras y el medio ambiente, que se verán reforzados en su protección. Se espera un impacto positivo en la sostenibilidad, reduciendo la contaminación marina y promoviendo operaciones más responsables.

Los principales beneficiarios de estas enmiendas serán las empresas navieras, que contarán con un marco legal más claro y eficiente para operar. Sin embargo, estas regulaciones también impactan a las comunidades costeras y el medio ambiente, que se verán beneficiados de una reducción en las prácticas de contaminación, con un impacto positivo esperado en economías locales que dependen de la salud marítima.

El incumplimiento de la normativa puede resultar en sanciones significativas y daños a la reputación de las empresas. Para su aplicación, se requiere una interpretación alineada con las directrices del Convenio BWM y un seguimiento riguroso de las prácticas establecidas.

En caso de incumplimiento, las navieras pueden enfrentar sanciones severas y perder su certificación. Esto subraya la importancia de una adecuada interpretación y aplicación de la norma, que debería estar alineada con los requerimientos establecidos por el Convenio BWM. La formación de los responsables en la gestión del agua de lastre será crucial para garantizar el cumplimiento.

Futuros desarrollos podrían incluir ajustes en la normativa en respuesta a avances tecnológicos en el tratamiento del agua de lastre y cambios en la legislación ambiental internacional, así como revisiones a los procedimientos establecidos en la resolución.

A medida que las industrias marítimas evolucionan, futuros desarrollos de esta norma podrían incluir modificaciones basadas en avances tecnológicos en el tratamiento del agua de lastre. Así mismo, podrían surgir enmiendas basadas en nuevas investigaciones sobre sus efectos en el medio ambiente y la presión internacional por estándares más estrictos en la protección marítima.

El objetivo de la Orden ICT/370/2021 es actualizar los requisitos de control de conformidad de vehículos especiales, alineándolos con el Acuerdo ATP y adaptándolos a las necesidades de Canarias.

La Orden ICT/370/2021 tiene como objetivo principal actualizar los requisitos en materia de control de conformidad de los vehículos especiales destinados al transporte de productos alimentarios a temperatura regulada, buscando asegurar la conformidad técnica de los mismos. Además, pretende adaptar estas regulaciones a las peculiaridades de la Comunidad Autónoma de Canarias, considerando su condición de territorio ultraperiférico y las dificultades que esto implica.

La norma introduce modificaciones respecto a la normativa anterior, ampliando los plazos de los ensayos para vehículos de Canarias, comparando favorablemente con estándares internacionales en cuanto a requisitos técnicos.

En comparación con la normativa anterior, esta orden introduce cambios significativos como son:

Los puntos clave incluyen la verificación del coeficiente térmico "K" y el establecimiento de un régimen transitorio para vehículos de más de 15 años en Canarias.

Entre los puntos legales más destacados se encuentran:

Los principales beneficiarios son los propietarios de vehículos de Canarias, mientras que el impacto económico y social se centra en facilitar el transporte de productos perecederos en la región.

Los principales beneficiarios de esta disposición son los propietarios de vehículos de transporte de mercancías perecederas operando en Canarias, que se verán favorecidos por el aplazamiento de los ensayos. El impacto económico y social se proyecta positivamente, ya que facilitará las actividades comerciales y asegurará el correcto transporte de productos alimentarios en condiciones adecuadas.

El incumplimiento de la disposición conlleva sanciones para los propietarios, y la norma se interpretará con flexibilidad para facilitar la adaptación en Canarias.

Las consecuencias del incumplimiento de la disposición pueden incluir sanciones administrativas para los propietarios de vehículos. En la práctica, se interpreta que los plazos se adaptarán a las condiciones locales, permitiendo una etapa de transición que evite cargas excesivas a los operadores económicos.

Se podría esperar un desarrollo en la infraestructura de ensayos en Canarias, así como futuras modificaciones para ajustar normativas a estándares internacionales.

Futuros desarrollos podrían incluir la creación de infraestructuras adecuadas para ensayos en Canarias, así como posibles modificaciones adicionales que refuercen o adapten las normativas a realidades cambiantes en el ámbito internacional.