Para proteger el interés del menor y asegurar que la custodia no se transfiera de manera abrupta, es fundamental seguir una serie de pasos legales que se enmarcan en la legislación vigente, especialmente en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, y el Código Civil.

1. Evaluación del interés superior del menor

El primer paso es garantizar que todas las decisiones que afecten al menor se tomen considerando su interés superior como primordial. Esto implica que cualquier acción o decisión debe priorizar el bienestar del menor sobre otros intereses legítimos que puedan concurrir [2].

2. Participación del menor

El menor tiene derecho a ser oído y escuchado en cualquier procedimiento que le afecte, de acuerdo con su edad y madurez. Esto significa que se debe facilitar su participación en el proceso, asegurando que se le brinde la información necesaria en un lenguaje comprensible [2]. En caso de que el menor tenga suficiente madurez, podrá ejercer este derecho por sí mismo o a través de un representante [2].

3. Medidas de apoyo

Cuando se prevea que un menor pueda necesitar apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica al alcanzar la mayoría de edad, se pueden adoptar medidas de apoyo a petición del menor, de los progenitores, del tutor o del Ministerio Fiscal. Estas medidas deben ser acordadas por la autoridad judicial y se deben considerar las preferencias del menor [3].

4. Procedimiento judicial

La autoridad judicial debe constituir la tutela mediante un expediente de jurisdicción voluntaria, siguiendo los trámites previstos legalmente. Esto asegura que se respeten las garantías procesales y se adopten decisiones en beneficio del menor [3].

5. Vigilancia y control

La autoridad judicial puede establecer medidas de vigilancia y control sobre el tutor, asegurando que se actúe en beneficio del menor. Además, puede exigir informes sobre la situación del menor y del estado de la administración [3].

6. Actuaciones de protección

Los poderes públicos deben realizar actuaciones de protección que incluyan la prevención, detección y reparación de situaciones de riesgo. Se priorizarán las medidas familiares frente a las residenciales, y se garantizará que los progenitores o tutores desarrollen adecuadamente sus responsabilidades [1].

Ejemplo práctico

Supongamos que un menor está en una situación de riesgo debido a la violencia en el hogar. En este caso, los servicios sociales deben intervenir de inmediato, evaluando la situación y adoptando medidas de protección que prioricen el entorno familiar, siempre que sea posible y positivo para el menor. Si se decide que el menor debe ser separado de su hogar, se debe buscar un acogimiento familiar antes que un residencial, y se debe garantizar que el menor sea escuchado en el proceso [1].

Conclusión

Es esencial que todos estos pasos se sigan de manera cuidadosa y respetando los derechos del menor, asegurando que cualquier cambio en la custodia se realice de forma gradual y con la debida consideración de su bienestar y desarrollo emocional.