Para la autorización de una depuradora en suelo rústico de especial protección, es fundamental considerar diversas normativas que regulan tanto la protección del medio ambiente como la gestión de recursos hídricos. A continuación, se detallan las normativas relevantes:

1. Reglamento General de Costas (Real Decreto 876/2014): Este reglamento establece criterios para la protección del litoral y la seguridad jurídica en la gestión del dominio público marítimo-terrestre. Es relevante para la ubicación de instalaciones de tratamiento de aguas residuales, que deben estar emplazadas fuera de la ribera del mar y de los primeros veinte metros de la zona de servidumbre de protección [3].

2. Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino: Esta ley establece que, cuando la legislación de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Aguas no contemple medidas suficientes para alcanzar los objetivos ambientales, será de aplicación la norma que resulte más exigente respecto de la protección ambiental de las aguas costeras [5].

3. Real Decreto 35/2023: Este decreto regula la revisión de los planes hidrológicos y menciona la necesidad de evaluar las repercusiones ambientales de las actividades que puedan afectar a los espacios naturales protegidos, como los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) [1]. En la tramitación de concesiones y autorizaciones en estas zonas, se debe solicitar el pronunciamiento del órgano competente sobre la posible afección al lugar y la necesidad de evaluación de las repercusiones de la actividad solicitada [1].

4. Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación: Este decreto establece un marco para la evaluación de riesgos de inundación, que es relevante para la planificación de infraestructuras como depuradoras, especialmente en áreas propensas a inundaciones [4].

5. Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Aunque se complementa con el Reglamento General de Costas, esta ley es fundamental para la regulación del dominio público marítimo-terrestre y la protección de la costa, lo que puede influir en la ubicación de instalaciones de tratamiento de aguas [3].

6. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: Esta ley establece el régimen jurídico de la evaluación ambiental estratégica y de impacto ambiental, que es crucial para cualquier proyecto que pueda tener un impacto significativo en el medio ambiente, incluyendo la construcción de depuradoras [2].

7. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: Esta ley regula la protección de los espacios naturales y la biodiversidad, lo que es relevante para la autorización de actividades en suelos de especial protección [1].

8. Ley 9/2018, de 5 de diciembre: Esta ley modifica la Ley 21/2013 y puede incluir aspectos relacionados con la evaluación ambiental que son relevantes para la autorización de infraestructuras como depuradoras [2].

Ejemplo práctico: Si se desea construir una depuradora en un área catalogada como LIC, se deberá realizar una evaluación de impacto ambiental que contemple las repercusiones sobre la biodiversidad y el hábitat, y se deberá obtener el pronunciamiento del órgano competente en materia de medio ambiente. Además, se deberá asegurar que la ubicación de la depuradora no afecte a la ribera del mar, cumpliendo con las normativas de costas.

En resumen, la autorización de una depuradora en suelo rústico de especial protección debe considerar un conjunto de normativas que abordan la protección ambiental, la gestión de recursos hídricos y la evaluación de impactos, asegurando así el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y conservación del medio ambiente.